No he escrito de política ni de las elecciones antes porque no me gusta escribir sin estar informado y porque todo el tema sigue siendo confuso y, sin ninguna duda, con elementos turbios que están contaminando un proceso electoral que nació con poca legitimidad y que ha ido perdiéndola en el camino y cuyo futuro es tremendamente incierto. Luego de leer y analizar muchas posiciones me atrevo a dar mi opinión acerca de un proceso que de ser posible tendría que empezar de cero. Todo arranca con dos y hasta tres factores importantes que preceden todo el proceso electoral.
La primera es la idoneidad de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, pues la pobredumbre de nuestras instituciones judiciales y políticas ha ocasionado que varios de sus miembros sean cuestionados por temas de afiliación política o corrupción. Si estas acusaciones son ciertas como lo sostiene Gustavo Gorriti y otros periodistas entonces él proceso estaba viciado y nuestra débil estructura institucional permite que ello suceda.
La segunda es la reforma electoral, incompleta y definitivamente complicada, llena de trabas y formalidades para las candidaturas como si los partidos políticos del Perú realmente existieran y no fueran en su mayoría un grupo de amigos que se juntan cada cinco años para presentarse a elecciones generales o cada cuatro años a elecciones locales o regionales. En esta maraña de exigencias los errores acerca de procesos fingidos y ficticios, como nombramiento de Comités Electorales de elecciones que nunca se llevan a cabo, van a existir de todas maneras. En conclusión, salvo honrosas excepciones, el tema de la democracia interna es acerca de redactar y firmar acuerdos de actos que no existen porque los partidos en el Perú tienen dueños llamados fundadores, candidatos naturales, caudilos, líderes históricos o salvadores del Perú. En vez de legislar sobre temas cruciales como el voto preferencial o el financiamiento de los partidos el Congreso innovó y/o continuó con requisitos de ficciones de democracia interna dentro de los partidos. Obviamente que promulgar la ley cuando ya se ha convocado a la contienda electoral tampoco ayuda a legitimar el proceso.
La tercera, menos importante, pero que adquiere relevancia por lo sucedido es que se demoró demasiado en convocar a estas elecciones. El Presidente Humala lo hizo en los plazos legales, pero si hubiera tenido algo más de visión y preocupación de estadista, en vez de cálculos políticos egoístas pudo haber dado más tiempo para que todos los entuertos que se han generado puedan ser resueltos más rápido y sin generar tanta suspicacia. Ahora estamos con las elecciones encima y la incertidumbre es lo único cierto.
Ninguno de los tres poderes del Estado ha estado a la altura del reto que significa continuar con un ejercicio de elecciones en una democracia aún débil como la peruana.
Yo no estoy de acuerdo con la anulación/tacha de las candidaturas de Todos por el Perú (Julio Guzmán) y de César Acuña. Es absolutamente cierto que, por inexperiencia, muchos de los requisitos y formalidades del registro de partidos no fueron cumplidas por TPP, pero recientes investigaciones periodísticas muestran que hay otros en la misma situación (Alianza Popular y PPK) y estoy seguro que si continúan podría descalificarse a todos o la gran mayoría de los partidos o candidatos. Lo mismo sucede con la candidatura de César Acuña, cuya práctica de dar dádivas parece haber sido replicada por Keiko Fujimori. Esta práctica tan antigua como comprar votos con butifarra en el Perú es definitivamente inmoral y merece ser desterrada de la política de nuestro país. Mi pregunta es si se debe excluir a los candidatos por ello, aunque en este caso la ley parece ser clara y no distingue tampoco entre regalar un libro de 25 soles o un chaleco antibalas de 2,000 dólares. Lo ideal hubiera sido una renuncia ética de Acuña cuando se descubrieron sus plagios y sus robos de libros, pero eso era mucho pedir dada la calidad moral del personaje. Lo rescatable es que según las encuestas su candidatura ya era viable.
Todo esto nos lleva a una situación donde cinco de los candidatos con mayor intención de voto y que suman alrededor del 75% u 80% de la intención de voto podrían ser excluidos o tachados del proceso. El JNE podría parar con Acuña y Guzmán, pero podría continuar por los menos con tres más, dependiendo del criterio que quieran usar. Lo cierto es que como todos sabemos hay interpretaciones legales para todos los gustos y muchas de las opiniones vienen teñidas con el color de las preferencias políticas. Por ello es que un Jurado Nacional de Elecciones intachable es tan importante, pues generaría la confianza de que las decisiones no se toman por influencias políticas.
Dado todo este contexto una posible solución sería anular este proceso y convocar a elecciones nuevas que se darían en mayo con segunda vuelta a comienzos de julio para no postergar la transición política. Lamentablemente ello requeriría un liderazgo político tremendo de parte del Presidente Humala (complicado) y el apoyo de todas las fuerzas políticas. Entre todos deberían no sólo ponerse de acuerdo en simplificar las reglas de juego actuales, apoyarlas y conducir el proceso de elección de un nuevo Jurado Nacional de Elecciones. De lo contrario los electores podrían patear el tablero no yendo a votar o votando en blanco, lo cual pondría al Perú en un peligroso limbo político y económico. Puede ser que el ausentismo o el voto en blanco no sea suficiente para anular la legalidad de las elecciones, pero si lo suficiente como para anular su legitimidad, lo cual afectaría la estabilidad y necesaria tranquilidad que necesitamos para realizar las reformas y encumbrar al país hacia el crecimiento y el desarrollo. Tremenda encrucijada.
